La Cámara Colombiana de Infraestructura, seccional Norte, alertó nuevamente este miércoles sobre el riesgo de parálisis que corren varios proyectos en la región Caribe por cuenta de las deudas del Instituto Nacional de Vías (Invías) a los constructores, consultores e interventores que ejecutan las obras en esta zona del país.

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Héctor Carbonell, director ejecutivo de la CCI Norte, aseguró que la entidad del orden nacional mantiene un saldo por pagar que supera el billón de pesos.

Indicó que entre los proyectos estratégicos que se verían afectados por esta situación se encuentra la conexión del Puente Pumarejo-Ciénaga y viaductos, con un valor de $657.000 millones.

Por otra parte, la conexión Alta Guajira Uribia-Puerto Bolívar-Punta Estrella-Vías Wayú-Cabo de la Vela, San Martín que tiene un valor de $280.880 millones.

La Variante Magangué y Transversal Momposina (Puerta del Hierro – El Burro), en Bolívar, Magdalena y Cesar con un valor de $221.000 millones y el corredor Santa Lucía-Moñitos en Córdoba, con un valor de $178.000 millones.

Otros proyectos viales que podrían paralizarse son Puente Ayapel - Pueblo Nuevo, en Córdoba; Barranquilla - Puerto Colombia, en Atlántico; Transversal del Sur, en Bolívar; y Mompox – Pinillos, también en este último departamento, obra incluida en el programa Colombia-Avanza.

“Por la parálisis de los proyectos se afectarían además proveedores de esas firmas y un significativo número de trabajadores de las regiones mediante encadenamientos productivos dada la generación de empleo directo, indirecto e inducido que genera el sector de infraestructura”, dijo el directivo de la CCI Norte, quien agregó que también se verían afectados en un segundo grado servicios como restaurantes, hoteles y otras fuentes de ocupación.

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En tal sentido, la Cámara Colombiana de la Infraestructura planteó hacer una sustitución de fuente usando el medio billón de pesos que -según aseguró- Invías ha recogido en un fondo manejado por Fiduprevisora.

Estos recursos, anotó la agremiación, son provenientes de los excedentes de contratos de concesión que han finalizado y destinados por el Gobierno nacional a futuro para ejecución de obra pública.

“La propuesta es retrasar esa ejecución mientras el Ministerio de Hacienda consigue flujo de caja, y con esos recursos más los $100.000 millones que tiene el Invías para atender esas obligaciones, reunir una bolsa de $600.000 millones para pagar buena parte de las deudas. Para canalizar esos recursos validar ese camino, se debe revisar su viabilidad a la luz de la ley presupuestal”, finalizó la CCI.